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20 de octubre de 2017

Cooperación Para el Desarrollo en tiempos de crisis

Ni lujo, ni limosna: justicia social

En el año 2000 la llamada Cumbre del Milenio congregó en la sede de las Naciones Unidas de Nueva York a los representantes de 189 Estados para reflexionar acerca del destino común de
la humanidad.
De esa cumbre salieron la Declaración del Milenio y los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), con el propósito de erradicar la pobreza extrema y el hambre incidiendo sobre
sus principales causas y mejorando aspectos como la salud, la educación, la igualdad, el medioambiente, etc.
España fue uno de los países que firmó aquella hoja de ruta, comprometiéndose, así, a asumir esfuerzos y retos para conseguir un mundo más justo, equitativo y solidario.


En el año 2007, y a propuesta de la coordinadora de ONG para el Desarrollo de España, se firmó con los partidos políticos el llamado Pacto contra la pobreza, que incluía en una cláusula
específica “mantener un esfuerzo en materia de Ayuda Oficial al Desarrollo que garantice que, antes del año 2012, el 0,7% de la Renta Nacional Bruta (RNB) sea destinada a Ayuda Oficial al Desarrollo por todas las administraciones del Estado, comunidades autónomas y entes locales”. A día de hoy no se ha alcanzado ni siquiera el 0,5% de esta RNB.
Los retos eran grandes y los esfuerzos estuvieron inicialmente a la altura de las circunstancias, ya que España durante los primeros años realizó importantes incrementos en la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD).
Pero, desde el año 2009, estamos asistiendo a un descenso peligroso y preocupante de los fondos de la cooperación española que, en 2008, suponían 6.800 millones de euros y, en 2010, se redujeron en 950 millones.


Todos estos fondos proceden de los impuestos y, por tanto, de los presupuestos generales del Estado y se distribuye en tres áreas. En primer lugar, en cooperación internacional, para  promover el desarrollo en los países del sur; incluye el presupuesto destinado a la cooperación bilateral que se realiza de gobierno a gobierno, el dirigido a organismos multilaterales de  desarrollo y a instituciones financieras internacionales, y el reservado a las ONG.
En segundo lugar, en educación para el desarrollo, con el fin de fomentar una conciencia global que defienda la búsqueda de un mundo más justo y equitativo.
Y, por último, en ayuda humanitaria para colaborar en situaciones de catástrofes naturales y humanitarias.
De estos fondos de cooperación pública, las ONG no han llegado nunca a gestionar más del 20%. El porcentaje más alto lo han gestionado, hasta el momento, directamente los ministerios
de Asuntos Exteriores y de Economía y Hacienda, la llamada ‘cooperación descentralizada’, es decir, la que realizan las diferentes comunidades autónomas y entidades locales.


Debido a la crisis económica actual, las políticas públicas de solidaridad que desde la década de los 90 llevaban a cabo las comunidades autónomas y los Ayuntamientos, se están debilitando considerablemente:
• Cataluña disminuyó un 55% sus fondos en 2011;
• la Xunta de Galicia ha recortado el 45% de su presupuesto;
• la Comunidad Valenciana ha reducido, en tres años, hasta un 78,4% la partida presupuestaria para cooperación;
• Navarra ha disminuido en 2,2 millones de euros el suyo;
• el Gobierno de Canarias ha disminuido un 37% su presupuesto y ha eliminado la financiación destinada a ONG;
• Castilla-La Mancha aún no ha pagado a las organizaciones la financiación de algunos proyectos y programas de cooperación y educación para el desarrollo y ayuda humanitaria
correspondientes al año 2010. Además, esta comunidad acaba de comunicar la supresión de las ayudas previstas para 2011.
Las declaraciones que distintos representantes políticos están realizando sobre la eliminación de los fondos de cooperación hacen que las expectativas para 2012 no sean nada halagüeñas.


Pero ¿cuál es la consecuencia real de esta situación? Estos recortes de presupuesto y supresiones de ayudas hay que traducirlos a lo que son en realidad: que no se sigan formando enfermeras y matronas y continúen aumentando los índices de mortalidad materno-infantil; que no se creen infraestructuras que permitan una mayor accesibilidad a los servicios sanitarios; que no se lleven a cabo acciones de prevención de enfermedades como el sida, la malaria o la tuberculosis. En definitiva, que los más pobres sean cada vez más pobres.
Es necesario hacer un esfuerzo para trasladar a la ciudadanía esta reflexión y valorar   conjuntamente sobre lo que se gana y se pierde con los recortes en cooperación. ¿Nos ayudarán a salir de la crisis?
Si se compara el gasto que a cada persona le supone la cooperación para el desarrollo con el que implica, por ejemplo, la partida presupuestaria destinada a gasto militar, se verá que la primera asciende, de media, sólo 8 euros por habitante al año, cantidad insignificante al lado de los 395 euros de gasto militar por ciudadano contabilizados en 2010.


Es mucho lo que la cooperación se juega en estos tiempos de crisis: está en juego apostar o no por ser realmente coherentes con los compromisos adquiridos; y replegarse o no en mensajes y prácticas que no aportan nada a la consecución de los ODM y a la construcción del desarrollo humano sostenible por el que tenemos que seguir luchando.
Por ello, es muy importante no dar ahora ningún paso atrás y que sea incuestionable el hecho de continuar trabajando con el mismo esfuerzo y compromiso que durante tantos años ha garantizado la ayuda para las personas más desfavorecidas.


La AOD “no es un lujo para tiempos de bonanza, ni una limosna para cuando las arcas están llenas. Es una necesidad vital para millones de personas; es un imperativo ético y moral que responde a criterios de justicia, además de constituir un compromiso firmado y una obligación de los poderes públicos. Detrás no hay estadísticas, ni porcentajes. Hay pueblos, comunidades, alimentos, salud, pozos de agua, escuelas, medicamentos”.

Es el momento de ratificar nuestro compromiso contra la pobreza.


Entidad auditada y tranparente
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