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18 de febrero de 2019

Prácticas tradicionales nefastas para la salud de la mujer en Mauritania

Día internacional de la lucha contra la Mutilación Genital Femenina

En Mauritania, país ubicado al noroeste de África, siguen arraigadas ciertas prácticas culturales perjudiciales para la salud que suponen la vulneración de derechos de la mujer. Desde el punto de vista geográfico, Mauritania pertenece al Magreb si bien presenta características socioeconómicas similares a la región subsahariana vecina. En términos de cobertura de necesidades básicas, es uno de los países menos avanzados (puesto 157 del IDH) con grandes carencias en todos los sectores: seguridad alimentaria, educación, salud, habitabilidad y acceso al agua. Se caracteriza por tener una población multiétnica, constituida por una minoría “moro-blanca” (los bidan) que constituye aproximadamente el 20% de la población la cual ostenta el poder político y económico, una mayoría del 50% de “moros-negros” o haratines (antiguos esclavos liberados) y un 30% de diferentes etnias de raza negra (wolof, halpulars, fulanis, peulhs, soninkés y bambaras). En este contexto de diversidad cultural, persisten prácticas tradicionales que afectan a la salud, especialmente a la de las mujeres.

Una práctica es el engorde forzado o “leblouh" que, aunque está en vías de desaparición, aún existe. A las mujeres se las obliga a comer desde que son niñas provocándoles obesidad. “La mujer ocupa en el corazón (del hombre) un lugar igual a su volumen”. El desarrollo de esta enfermedad se percibe como criterio decisivo de la belleza y como signo de prosperidad social. Esta práctica varía significativamente según la zona y los grupos étnicos: 24% en áreas rurales y 19% en áreas urbanas, y 28% entre los moros respecto a menos del 2% en las otras etnias. 

Otra práctica es el matrimonio precoz forzado de niñas y adolescentes como medio para dominarlas y garantizar la virginidad en su matrimonio, con graves consecuencias psicofísicas para la mujer, aumento de embarazos de riesgo, relaciones de maltrato, etc. Aunque la edad mínima legal para el matrimonio es de 18 años, la tasa de niñas casadas entre 15 y 19 años está en torno al 30 %. La proporción varía entre áreas urbanas (19%) y áreas rurales (36%) e influye el nivel de educación de las víctimas (20% de niñas no educadas respecto a 8% de niñas con educación secundaria o más). 

La MGF afecta a más del 50% de las mujeres

Por otro lado, hay que resaltar la Mutilación Genital Femenina (MGF) o ablación. Mauritania se encuentra entre los 14 países del mundo en los que la MGF afecta a más del 50% de las mujeres, con una prevalencia del 66,6 % entre niñas y mujeres de 15 a 49 años (2015).

En el caso de la violencia sexual, se trata de un fenómeno difícil de medir y generalmente subestimado también en Mauritania. Según la Organización Mundial de la Salud, al menos el 45,6% de las mujeres africanas han sufrido abuso físico y/o sexual de su pareja o por otra persona. Destacar que, la violación marital no está reconocida legalmente en Mauritania. 

La violencia doméstica, como en tantos países, también está presente en la sociedad Mauritania. Las mujeres moras, excepto en casos excepcionales, disfrutan de un estatus de protección de la violencia directa de los hombres, pero en el resto de comunidades, aunque se están produciendo ya conductas y actitudes más tolerantes, el comportamiento violento hacia la mujer sigue siendo culturalmente predominante. 

El Gobierno de Mauritania ha dado pasos para luchar contra estas prácticas violentas que vulneran los derechos de la mujer y atentan contra su salud. Sin embargo, existen vacíos legales y judiciales que impiden la construcción de un sistema de protección eficaz y confiable para las mujeres y las niñas.

La promoción de los derechos de las mujeres y la igualdad de género, establecida en el quinto ODS de la Agenda 2030, es crucial para la Unión Europea y la Cooperación Española.

EPM, en su compromiso con la Agenda 2030, trabaja desde el año 2000 en Mauritania en el ámbito sanitario, realizando programas de formación dirigidos al personal sanitario y sensibilizando a las comunidades de zonas rurales con el fin de mejorar sus condiciones de vida y contribuir al cambio social para lograr una igualdad real y el pleno respeto de los derechos de la mujer. Trabaja también con las instituciones públicas para incidir en la necesidad de contar con planes de actuación y legislación adecuada para erradicar todas estas prácticas mencionadas.

 

 

 


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